Miles marchan para demandar la liberación de los presos políticos en Nicaragua, Iglesia denuncia acoso del gobierno

Una marcha para demandar la liberación de los detenidos como parte de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega comenzó el domingo en la capital de Nicaragua en medio de una fuerte presencia policial y la inesperada concentración de un grupo de sandinistas.

Los manifestantes, convocados por los padres de familias de los detenidos, citaron a esa marcha para reclamar la libertad de los “reos políticos” que han caído presos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, en medio de la crisis sociopolítica que ha dejado centenares de muertos desde abril pasado.

La manifestación, denominada “Marcha de los Globos”, tuvo como punto de partida la rotonda Cristo Rey y tiene previsto culminar en la rotonda La Virgen, en el noroeste de Managua, en un recorrido de unos cinco kilómetros.

La “Marcha de los Globos” comenzó bajo un fuerte dispositivo de seguridad y la presencia, en vehículos, de seguidores del gobierno sandinista, según constató Efe.

“El objetivo de esta marcha es exigir la libertad inmediata de todas las personas que se encuentran en prisión tras haber participado en plantones, marchas, caravanas, tranques [bloqueo de vías] y otras manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega”, explicó Mercedes Dávila, madre del estudiante detenido Edwin Carcache, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia.

Durante la marcha, los manifestantes, que en su mayoría cargaban globos y banderas de Nicaragua, gritaron consignas a favor de los detenidos y en contra del presidente Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

“Los detenidos, entre ellas mi hija, están presos por luchar por Nicaragua y estamos demandando su libertad”, dijo Carlos Valle, un veterano opositor y padre de la estudiante Elsa Valle, acusada por la Fiscalía por los delitos de uso ilegal de armas de fuego, entre otros.

Organismos humanitarios calculan al menos 135 detenidos en las protestas, pero que pueden ser entre 400 y 500 si se incluye a personas desaparecidas.

Entre los detenidos más conocidos están el campesino Medardo Mairena, los afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate, el líder rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, y los dirigentes universitarios Edwin Carcache, Byron Corea, Christopher Nairobi Olivas y Elsa Vale.

La mayoría de los detenidos enfrentan diversos procesos judiciales, acusados principalmente de terrorismo.

En una entrevista con Efe, Ortega negó que en el país haya presos políticos y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron diversos delitos.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al gobierno de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Las manifestaciones contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

La Iglesia Católica de Nicaragua denunció el domingo que una de sus parroquias, donde celebraban una misa, fue víctima del asedio de “un grupo de turbas” afines al gobierno, en medio de la crisis sociopolítica que comenzó en abril.

El incidente ocurrió el sábado en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Granada, 45 kilómetros al sureste de Managua, cuando un grupo de sandinistas que caminaba por las calles en apoyo al presidente Daniel Ortega ingresó de forma violenta a la iglesia, indicó la diócesis de Granada, a través de sus redes sociales.

“A la hora de la celebración de la Santa Misa, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced en la ciudad de Granada, un grupo de turbas afines al gobierno entraron violentamente a la Iglesia gritando e insultando por el lado de la nave de la Virgen de Dolores”, precisó la diócesis.

“Rechazamos y condenamos este acto como una falta de respeto a nuestras parroquias”, continuó la diócesis, que pidió “sus oraciones para que cesen estos actos”.

El obispo de la diócesis de Granada, Jorge Solórzano, expresó su cercanía y oraciones al sacerdote Juan Francisco Moreira, párroco de La Merced, y a sus fieles.

“Pido se respete nuestros templos y nuestras celebraciones litúrgicas”, demandó Solórzano en un tuit.

La Conferencia Episcopal actúa como mediadora en el diálogo nacional -que permanece suspendido desde junio pasado- para superar la crisis en el país.

El presidente Daniel Ortega ha calificado a los obispos de “golpistas” y cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.

El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo del 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero el presidente lo rechazó.

A mediados de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) alertaron de que miembros de la Iglesia católica estaban sufriendo ataques por su mediación en el diálogo y por proteger la integridad física de los manifestantes contra el Gobierno.

Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y más de 400 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.

La oficina del Acnudh ha responsabilizado al gobierno de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

En una entrevista con Efe en Managua, el presidente Ortega negó que se hayan sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a Estados Unidos y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

EFE

9 de Septiembre 2018