Cinco países del hemisferio incluyendo a Canadá piden investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad
Cinco países latinoamericanos y Canadá hicieron hoy oficial una petición para que la Fiscalía de la investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, presentaron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU una carta sellada ayer por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la corte con sede en La Haya.
La misiva, remitida hoy a la CPI, va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales.
Entre esos documentos, que ya son públicos, figura un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio de 2017.
También otro redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que concluyó que existía un "fundamento razonable" para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresa su total respaldo a la decisión de los Presidentes de Argentina, Mauricio Macri, de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Iván Duque, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de Perú, Martín Vizcarra, y del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, de remitir a la Corte Penal Internacional (CPI) la investigación sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, reseña OAS.
“Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”, afirmó el Secretario General.
“Hechos políticos como el de hoy honran la memoria de los asesinados y restituyen la esperanza de justicia en los torturados, los presos políticos y sus familias, los exiliados forzosamente y todos los venezolanos que sufren, que pasan hambre, que rebuscan comida en la basura, que carecen de medicinas”, agregó.
“En este momento es menester agradecer a los gobiernos de los seis países la iniciativa de hacer suyo el informe del panel de juristas constituido por la Secretaría General de la OEA en septiembre de 2017”, dijo.
El canciller peruano, Néstor Popolizio, destacó que, de comprobarse varios de los elementos contenidos en esos documentos, "quedarían claramente configurados los crímenes de lesa humanidad".
Popolizio insistió en que en Venezuela "no solo no existe la democracia, sino que impera un mecanismo de dictadura".
Su homólogo chileno, Roberto Ampuero, insistió en que los informes son "sólidos y contundentes" y "muestran de manera muy seria y documentada las denuncias de delitos de lesa humanidad en Venezuela".
Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela deben terminar y las que han ocurrido deben ser investigadas para establecer, con la mayor claridad, quiénes son los responsables, también en términos individuales", dijo a los periodistas.
Consideramos (...) que permanecer impasible, indiferentes o especulativos ante esta realidad podría tener ribetes de complicidad con el régimen que se ha apoderado de la suerte de la República de Venezuela", apuntó el canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni.
No vamos a especular con esta situación, vamos a comprometernos profundamente y lo estamos haciendo con los países hermanos", insistió, confiando en que la petición a la CPI sea una "herramienta eficaz" para devolver a los venezolanos "un Gobierno que se preocupe de ellos".
En la presentación de la carta ante los medios estuvieron también presentes la titular de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; el argentino, Jorge Faurie; y, aunque llegó con algo de retraso, el colombiano, Carlos Holmes Trujillo.
Este recordó que la acción ante la CPI era algo que ya había anticipado el presidente colombiano, Iván Duque, cuando era senador, con una acción parecida apoyada por congresistas colombianos y chilenos.
La demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.
La Fiscalía de la CPI ya comenzó, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.
La denuncia conjunta no abrirá automáticamente una investigación plena por parte del tribunal internacional, ya que ese paso depende de la Fiscalía del tribunal, que actúa de manera independiente.
Agencias
26 de septiembre 2018
