Fiscal General de Venezuela no asistirá a juicio ante el TSJ ya que no lo reconoce
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo el martes que no asistirá a la sesión de antejuicio de mérito en su contra en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que el proceso que se ha abierto es una violación de la legislación con el objetivo de anular al Ministerio Público.
“Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso, por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo en una comparecencia desde la sede de la Fiscalía.
La Fiscal dijo que no ha podido tener acceso al expediente que tiene el Tribunal Supremo de Justicia en su contra. "Esos que fungen como magistrados son ilegítimos e inconstitucionales", repitió.
Y agregó: "Estoy obligada a respetar esta Constitución. Defender la Constitución en este país parece que es un crimen".
"No voy a convalidar un circo cuya decisión ya está cantada. ¡No los reconozco!".
"Ya sabemos que en el día hoy va a operar mi remoción ", denunció y aclaró que desconocerá también el nombramiento de la nueva vicefiscal.
Por último, reafirmó: "Yo no he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo. Esto es un golpe de estado más grotesco que el de Carmona".
“Cambiaron las sentencias, las maquillaron, porque todavía hay una ruptura del orden constitucional, lo que significa que yo tenía razón”, declaró Ortega en referencia a las sentencias con que el TSJ asumió en marzo las funciones de la Asamblea Nacional, que fueron parcialmente revocadas y llevaron a la fiscal a denunciar al tribunal.
Ortega consideró que esta marcha atrás del Supremo le dio “la razón” en su denuncia de que los jueces estaban cometiendo un atropello contra la Constitución al atribuirse las competencias del Parlamento, de mayoría opositora y acusado de “desacato” por parte del TSJ.
La fiscal dedicó parte de su intervención a detallar las “irregularidades” del proceso de enjuiciamiento contra ella, iniciado por el diputado chavista Pedro Carreño y aprobado la semana pasada por el TSJ, que le ha congelado las cuentas bancarias y le ha prohibido salir del país como medidas cautelares previas.
El Supremo inicia hoy este procedimiento por presuntas “faltas graves” cometidas por la fiscal durante su mandato, y una de las imputaciones que se le hacen en su declaración contra el alto tribunal por la supuesta “ruptura” de la legalidad constitucional.
Ortega consideró la retirada de parte de las sentencias del Supremo, que motivaron su enfrentamiento con el TSJ, una prueba de que “no puede constituir falta ni, mucho menos, delito esa afirmación que hice y que yo hoy sigo haciendo”.
Proveniente de las filas del chavismo, Luisa Ortega López se ha convertido en los últimos meses en la voz más crítica contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro dentro de las instituciones venezolanas.
Además de denunciar la “represión” y el “terrorismo de Estado” del Gobierno, Ortega se ha declarado en rebeldía respecto del Supremo, del que ha impugnado y recusado a varios jueces.
El máximo tribunal venezolano designó este martes a una polémica abogada chavista como vicefiscal, cargo clave en momentos en que la fiscal general, Luisa Ortega, enfrenta la posibilidad de ser destituida por dicha corte.
Katherine Harrington fue juramentada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que aguarda este mismo martes a Ortega en una audiencia en la que decidirá si la enjuicia por supuestas faltas en el cargo.
Tras años de línea oficialista, la fiscal general se convirtió hace tres meses en una de las principales adversarias del presidente Nicolás Maduro y del TSJ, acusado por la oposición de ser manejado por el gobierno.
Harrington, fiscal regional durante la gestión de Ortega, fue sancionada en 2015 por Estados Unidos que la acusa de violaciones de derechos humanos al haber enviado a la cárcel a varios dirigentes opositores como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Ortega defendió en su momento a la fiscal frente a la sanción de Estados Unidos, que dispuso el congelamiento de bienes que pudiera tener en ese país y la prohibición de hacer negocios con ella y varios oficiales venezolanos también señalados de abusos.
Antes de posesionar a Harrington, el TSJ invalidó la designación del vicefiscal Rafael González, efectuada por Ortega y ratificada el lunes por el Parlamento, de amplia mayoría opositora.
La corte argumentó que al encontrarse en “desacato”, el Legislativo no está habilitado para nombrar al vicefiscal, por lo que esa facultad recae en la Sala Constitucional del TSJ.
Agencias
4 de Julio 2017
