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Proyecto de ley de Florida evitaría un escenario caótico como el de Portland en este estado

Para los Antifa e integrantes violentos de Black Lives Matter la Florida les tiene un mensaje pagaran con duras condenas de cárcel si practican la violencia contra los cuerpos del orden, agreden la propiedad privada o del estado y si interfieren con carreteras importantes en el transporte esencial.

Alertado por la violencia que ha distinguido un número importante de manifestaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una propuesta de ley que estaría encaminada a contrarrestar daños materiales y ataques a las agencias del orden, al mismo tiempo que condicionaría fondos públicos a municipalidades que no respondan a los actos agresivos o que traten de desviar recursos de las fuerzas policiales.

Los destrozos causados en otras ciudades por manifestantes violentos han causado perdidas multimillonarias, que ha dejado negocios y propiedad privada completamente destruida.

DeSantis planteó que la propuesta estaría encaminada a combatir lo que llamó "manifestaciones desordenadas" con penas mínimas por agravantes de seis meses de cárcel.

Los acusados no tendrían derecho a fianza.

El gobernador propone sancionar por delitos graves a quienes bloqueen el tráfico sin permiso y a quienes participen en manifestaciones que provoquen lesiones físicas o daños a la propiedad, incluyendo estatuas y monumentos.

La nueva propuesta lleva el nombre de Ley de protección contra la violencia, el desorden y el saqueo y la aplicación de la ley, y se discutirá en la próxima legislatura que comienza en marzo del 2021.

DeSantis señaló además que los municipios o condados que opten por "desfinanciar" a la Policía, o sea restar fondos a los cuerpos policiacos, como respuesta a los actos de abuso policial, que han incitado a la mayoría de las protestas, serían amonestados con un recorte de capital.

En MiamiDade el alcalde Carlos Giménez, rechazó la idea de quitar fondos a la policía y señaló que "la gran mayoría de la gente no está de acuerdo con quitar fondos a la Policía".

En Florida rara vez se producen protestas que conlleven a daños materiales o asaltos a la propiedad privada, como sucedió en Portland y otras ciudades, tras las muertes de George Floyd en Minneapolis y Breonna Taylor en Louisville a manos de agentes de agentes policíacos.

En Miami, a finales de mayo, piedras y botellas fueron lanzadas a la Policía. Incluso dos vehículos policíacos fueron quemados. La Policía respondió con gases lacrimógenos y balas de gomas.

Además, las paredes y ventanas de varios locales comerciales fueron vandalizadas. Algunos de ellos saqueados por los agitadores, que los organizadores de la protesta pacífica aseguraron “no forman parte de ellos”.

La propuesta de ley plantea que quienes financien las manifestaciones violentas estarían sujetos a enjuiciamiento federal bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers.

“Me parece muy bien la propuesta de ley. Hay que proteger la propiedad pública y de cada cual. Solo me preocupa liberar de culpas a quien se vea atrapado en una turba y provoque un accidente”, comentó James Williams, profesor de ciencias políticas de Florida State University.

En efecto, un conductor que se vea obligado a huir de una turba y provoque un accidente no sería responsable de lesiones o muerte, según la ley propuesta.

“Eso sería legalizar la violencia contra los manifestantes”, manifestó Andrea Mercado, directora ejecutiva de New Florida Majority, un grupo ciudadano pro-derechos civiles, a través e un comunicado al Diario las Americas en Miami. Pero Andrea olvido decir sobre los ciudadanos que ha sido golpeados y arrastrados por manifestantes violentos, y en otros casos hostigados en restaurantes por no levantar la mano a favor de Black Lives Matter.

Si el proyecto de ley es aprobado, los gobiernos locales y del estado tendrían prohibido contratar a personas que tengan antecedentes penales relacionados con manifestaciones violentas. Y las personas que sean empleados del gobierno y resulten condenados por participar en ellas podrían ser despedidas.

Agencias

22 de septiembre 2020