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Graves violaciones a los derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales del régimen de Maduro en Venezuela, ONU

El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló la paulatina militarización de las instituciones del régimen durante los años recientes tras sostener entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen, hasta el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares en su reciente visita.

En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del régimen y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Los conocidos colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del régimen o a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el régimen registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio régimen. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Bachelet pidió a los funcionarios de Maduro que liberasen a todas las personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.

El informe hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.

El documento, que se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno".

Advierte que Maduro ha recurrido a detenciones arbitrarias, en su mayoría sin fundamento legal, como uno de los principales mecanismos para intimidar y reprimir a sus adversarios desde 2014. Detalla que se registraron 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) aprehendidas entre 2014 y 2019. Algunos de estos casos han sido calificados como desapariciones forzosas hasta que los cuerpos de seguridad del Estado han revelado la ubicación de la víctima, luego de varios días de captura.

La mayoría de estas detenciones han sido cuando los ciudadanos estaban ejerciendo sus derechos humanos, en especial relacionados con la libertad de opinar, expresarse o reunirse de manera pacífica. “Sometiéndoles a juicios en los que se cometieron graves y repetidas violaciones de la garantía de procedimientos justos”, agrega.

El documento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU reporta que en muchos casos los detenidos fueron sometidos a una o más formas de tortura, así como a tratos crueles, inhumanos o degradantes, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

Indica que la GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones por lo menos desde 2014. Las FAES son señaladas de llevar a cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad. Lo mismo advierten del Cicpc. Los servicios de inteligencia, Dgcim y Sebin, son acusados de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura a opositores y a sus familiares. Además, los colectivos armados (calificados por la Asamblea Nacional de paramilitares) contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia.

La Oficina del Alto Comisionado recomienda que se disuelvan las FAES y se establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas.

De acuerdo con el texto, un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. Destaca, asimismo, la repercusión de la profunda crisis económica que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos en los ámbitos alimenticios y cuidados médicos.

Informa también que el régimen aceptó otorgar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acceso pleno a los centros de detención para monitorear las condiciones y hablar con las personas en cautiverio. Asimismo, que se adoptará un calendario de 10 visitas con aplicación de procedimientos especiales en los próximos 2 años. En 6 meses la Acnudh y el régimen evalurán la posibilidad de aumentar la presencia de la organización en el país y establecer una oficina.

La Patilla Y El Nacional

4 de julio 20149