Venezuela: El TSJ del régimen de Maduro aprueba enjuiciar a Fiscal General tal y como se esperaba
La Sala del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que hay méritos para enjuiciar a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por no respetar las decisiones democráticas del TSJ.
Después de una reunión extraordinaria convocada por Maikel Moreno, presidente del máximo tribunal del país, se decidió además convocar a una audiencia pública, así como notificar a Luisa Ortega Díaz, Pedro Carreño y los integrantes del Consejo Moral Republicano a los fines de que comparezcan ante la Sala Plena del Alto Juzgado y expongan lo que consideren pertinente.
La sentencia de la Sala Plena, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social, explica que esta decisión fue tomada de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo tipificado en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Carreño fue la tarde del viernes 16 de junio a entregarle a Moreno un documento en el que le solicitaba al máximo tribunal iniciar el proceso para determinar si Ortega Díaz había una falta grave.
El oficialista también solicitó dos medidas cautelare para que se enajenen todos sus bienes y se prohíba su salida del país, pero estas se encuentran en estudio. Informaron que se encuentran en sesión permanente para discutirlas.
La única forma para que la fiscal general sea removida, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es que la Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del TSJ.
El chavismo emprendió esta acción después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del que ella forma parte, y en coordinación con el Parlamento, en ese momento en manos de oficialistas.
Las diferencias entre el sector gubernamental y la fiscal surgieron después de que ella calificara a finales de marzo como una “ruptura del orden constitucional” la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento, una medida que debió ser revertida parcialmente poco después.
En los últimos dos meses, Ortega Díaz además ha emprendido varias acciones en contra de la convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha condenado la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales.
Esas manifestaciones, que se iniciaron luego de que ella denunciara la ruptura del hilo constitucional, han ocasionado la muerte de al menos 75 personas, según la Fiscalía, que atribuye varias de ellas a funcionarios de los cuerpos de seguridad.
La legislación venezolana establece que la destitución de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.
No obstante, los actuantes contra la fiscal no han explicado cómo se completaría este proceso si se constatara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la titular del Ministerio Público, se encuentra en situación de desacato decretada por el Supremo y sus actos son considerados nulos.
EFE y El Nacional
20 de Junio 2017
