El régimen de Daniel Ortega expulsa representes de Derechos Humanos de la ONU en Nicaragua
El informe publicado el miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos describió la represión que se extendió desde las calles hasta los tribunales, donde algunos manifestantes enfrentan acusaciones de terrorismo.
El gobierno respondió que el informe era parcial y no consideró que las protestas se dieron en el marco de un intento de golpe de Estado.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analizará el próximo miércoles la situación de crisis en Nicaragua, según anunció Fernández en Managua.
“Hay pendientes reuniones importantes de Naciones Unidas. Esto mantiene por supuesto la vista internacional [en] la situación de Nicaragua”, comentó el funcionario tras conocer la medida de su expulsión.
El Grupo de Trabajo de la OEA, presidido por Canadá e integrado por 12 países, y la Unión Europea denunciaron el sábado la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a los delegados de la ONU e hicieron llamados a volver al diálogo para superar la crisis.
“Instamos al gobierno de Nicaragua a que aproveche los buenos oficios disponibles y busque un resultado positivo y constructivo en esta coyuntura crítica”, indicó el Grupo de Trabajo para Nicaragua en un comunicado conjunto con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El diálogo en Nicaragua, iniciado el 16 de mayo con mediación de la Iglesia católica, se encuentra paralizado desde mediados de junio debido a la violenta represión de las manifestaciones y a la negativa del gobierno a abordar la democratización del país, que incluye la propuesta de elecciones anticipadas que Ortega rechaza.
“La decisión del gobierno de Nicaragua (…) va en contra de la aspiración de una rendición completa de cuentas por las violaciones de derechos humanos y de buscar justicia para las víctimas de la violencia”, dijo en un comunicado la vocera de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
“Esperamos que las autoridades tengan muy en cuenta las conclusiones del informe publicado por el OHCHR y tomen medidas urgentes para implementar las recomendaciones del reporte”, señaló la representante europea, usando las siglas en inglés del ente de la ONU.
Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.
El gobierno de Nicaragua rechazó el contenido del informe al que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al Ejecutivo.
Además señaló que la misión del organismo no fue invitada a hacer una observación con fines de verificar el estado de los derechos humanos, por lo tanto el contenido del informe era el resultado de un trabajo que se había extralimitado en sus alcances.
El Ejecutivo nicaragüense ha negado los excesos en el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.
A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El mandatario retiró los cambios pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.
Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas para despejar barricadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.
El presidente culpó a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocarlo y dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.
Las protestas siguen pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.
Las detenciones arbitrarias se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan dónde están retenidos.
Agencias
31 de Agosto 2018
